Inicio ¿Se respeta hoy la Constitución? Si no quieres vacunarte la constitución te protege: Ley 27.491

Si no quieres vacunarte la constitución te protege: Ley 27.491

por L R
0 comentario

ANALISIS JURIDICO DE LA LEY 27.491- CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION

ILIANA F. ARISTEO ABOGADA egresada de la Facultad de Derecho UBA.

El presente trabajo pretende generar calma en base a leyes vigentes, ante tanta inquietud por la vacunación compulsiva y obligatoria contra en SARS COV2, que genera caos en la población y trajo incertidumbre a los ciudadanos.

Breve explicación de algunos artículos de la mencionada ley, que fue sancionada el 12 de diciembre de 2018 (recordemos que esta ley no está reglamentada al día de la fecha).

  1. En su articulado destaco algunos que detallaré a continuación:
  2. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. Se la considera como bien social, sujeta a los siguientes principios:
    1. Gratuidad de las vacunas y del acceso a los servicios de vacunación, con equidad social para todas las etapas de la vida;
    2. Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas;
    3. Prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular;
    4. Disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación;
    5. Participación de todos los sectores de la salud y otros vinculados con sus determinantes sociales, con el objeto de alcanzar coberturas de vacunación satisfactorias en forma sostenida.

Aquí claramente explica la definición de Vacunación y me gustaría hacer hincapié en el concepto fundamental para poder desmembrar la misma; define e incorpora la frase “altamente efectiva”; recordemos que todas las vacunas del calendario de vacunación oficial, llevaron su tiempo de proceso para lograr ser efectivas, y de algunas hasta el día de la fecha se cuestiona esa efectividad; esta vacuna que se planea utilizar contra el SARS-CoV 2, no ha pasado aun la fase 3, continúa en fase experimental, no se ha comprobado su eficacia en seres humanos, he aquí el meollo de la cuestión.

Ahora empezaré a explicar: existe una ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, sancionada en octubre de 2009, que colisiona con la ley mencionada anteriormente, en su artículo 2 inciso e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud;  aquí menciona la autonomía de la voluntad, queda plasmado que el paciente puede rechazar o aceptar determinadas terapias o procedimientos médicos; aquí incluiríamos la “supuesta Vacuna contra el contra el SARS-CoV2”;  para que quede claro, el paciente justamente tiene derecho a rechazarlo, no está obligado a vacunarse contra este virus.

Para ponernos en contexto legal, nuestro ordenamiento jurídico se compone de la siguiente manera: tenemos nuestra CARTA MAGNA que es nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL. Ninguna ley ni DECRETO DE NECESIDAD DE URGENCIA puede estar por encima de ésta, ella es nuestro contrato social, ella ordena nuestro ordenamiento jurídico interno, el Constituyente; cuando se reformó en el año 94 nuestra Constitución, incorporó a la carta magna en su “articulo 75 inc. 22. Tratados internacionales con Rango Constitucional”;  entre los tratados con jerarquía Constitucional que están explícitamente detallados se encuentran: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

Esta ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, ley 27.491, colisiona con los tratados y la Constitución Nacional; ya que como detallaré en los párrafos siguientes nadie puede estar obligado a que practiquen con su cuerpo. Recordemos que en los anteriores párrafos se mencionó la autonomía de la voluntad, ésta debe primar, ya que es la manifestación explícita de la persona humana sobre la disposición de su propio cuerpo.

Me voy a detener en una Convención en particular, LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). En el CAPITULO II – DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  Artículo 4.  Derecho a la Vida

  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Para aclarar la cuestión, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, aquí ampliamos el concepto, es realmente arbitrario y falaz someter a toda la población argentina a un experimento, ya que no hay información certera sobre esta vacuna que fue creada en tan poco tiempo, tampoco hay información exacta y certera del virus que ocasionó la pandemia a nivel mundial, con lo cual sería apresurado por parte del Estado incorporar esta vacuna en forma masiva.

Como venía sosteniendo, en nuestro ordenamiento jurídico prima el derecho a la vida y ahora explicaremos el derecho a la salud.  Tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, constituyen los derechos fundamentales del ser humano, son innatos por su condición de ser humano, no se cuestionan estos derechos personalísimos, deben por parte del Estado estar reconocidos y tutelados, ya que, por la condición de persona humana, por el simple hecho de ser persona, es un derecho inalienable.

La persona tiene derecho a la protección de estos derechos, no solo por el Estado argentino sino que también son derechos reconocidos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

La protección de la vida y de la integridad psicofísica de la persona humana, desplazada de la órbita de los derechos individuales y en el marco de los derechos sociales y colectivos, se enfatizó a partir justamente de la referida reforma del texto constitucional, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, afianzando la supremacía de la persona (Galdós, Jorge Mario, La Ley, 2008).

Ahora bien, nuestra Constitución, cabe destacar, no menciona explícitamente ni se encuentra sistematizado el derecho a la salud; hay doctrina y jurisprudencia que han suplido esta falencia, reconociéndola como un derecho fundamental. Podemos en forma análoga interpretar el art. 14 bis donde explícitamente menciona el Seguro Social Obligatorio, también otorga la tutela al Estado, quien otorgará los beneficios de la Seguridad Social -recordemos que tienen carácter integral e irrenunciable.

Haré hincapié en estos artículos en particular, que transcribiré de nuestra Carta Magna: “Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.  Asimismo, el Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

El Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

En el capítulo IV de nuestra Carta Magna, Atribuciones del Congreso, detalla en el Artículo 75.- Corresponde al Congreso: inciso. 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

Inciso. 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Se puede advertir del espíritu del artículo que toma al desarrollo humano como una vida prolongada y saludable con acceso a la educación y disfrute de una vida plena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios Fallos: mencionaré algunos para no hacer extenso el tema que se evoca. El fallo 68:221-1897 habilita directamente al Congreso a incidir incluso en el ámbito de competencias reservadas a las provincias. No hay duda que la salud se encuentra explícitamente dentro del concepto de bienestar general al que hace referencia nuestra Carta Magna, más aún es un parámetro del bienestar y como tal es un bien social, público, colectivo y un corolario del derecho a la vida, a la integridad psicofísica a la libertad.

Ahora bien, prosigamos con el tema que nos convoca, la ley 27.491 en su art. Art. 18.- Son funciones de la autoridad de aplicación; inc. g) Diseñar y proveer un carnet unificado de vacunación -CUV- a los fines de su entrega a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.

  1. Nos detendremos en este artículo en particular, Artículo. 13.- La certificación del cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación debe ser requerida en los trámites para:
  2. Ingreso y egreso del ciclo lectivo tanto obligatorio como optativo, formal o informal;
  3. Realización de los exámenes médicos de salud que se llevan a cabo en el marco de la ley 24.557 de riesgos del trabajo;
  4. Tramitación o renovación de DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir;
  5. Tramitación de asignaciones familiares conforme la ley 24.714 y de asignaciones monetarias no retributivas, cualquiera sea su nombre estipuladas por normas vigentes.

La difusión previa a la implementación del presente artículo, su ejecución y los plazos de la misma, serán especificados en la reglamentación, de modo tal de favorecer el acceso de la población a la vacunación en todas las etapas de la vida sin impedir la concreción de estos trámites.

Ahora bien recordemos que en párrafos previos, había explicado nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Nacional y los tratados incorporados gozan de ley suprema, ninguna ley puede estar por encima de ella; recordemos el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, lo transcribiré textual .-

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

El Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Estos artículos de la Constitución Nacional están por encima de una ley, con lo cual, esta ley no puede estar por encima de la Carta Magna cercenando derechos en ella reconocidos, es decir no se puede utilizar como argumento el artículo 13 de la mentada ley 27491 para restringir derechos y garantías constitucionales, que son inherentes a todos los habitantes del suelo Nacional. Esto marca una clara inconstitucionalidad de la ley; recordemos nuestra Constitución Nacional en su Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Ella misma prohíbe que los derechos reconocidos sean alterados por leyes.

Para aclarar aún más el panorama traeré a colación el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su CAPITULO 1 Derecho ARTICULO 1°. – Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.

A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.  El ARTICULO 2°. – Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Aquí denota la ley 27 491 una clara violación a nuestro ordenamiento jurídico interno, ya que esta ley debe ser interpretada de una manera tal que no afecte ni cercene derechos consagrados en nuestra Carta Magna, aquí el ejemplo aclarara las dudas: ¿puede un médico someter a un paciente contra su voluntad a un experimento científico?

La respuesta a esta pregunta es NO; recordemos que prima la autonomía de la voluntad, además según la ley de derecho del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud, obliga a los mismos a que el paciente firme el consentimiento informado, ya que no es cuestión de generar más dudas al respecto, pero es necesario como lo expliqué anteriormente que el paciente conozca el tratamiento que se le va a realizar y consienta el mismo.

Ahora bien, un detalle que no es menor es esta vacuna para el SARS-COV2. Utilicemos lo anteriormente explicado y agreguémosle que todos los Tratados y Pactos de nuestra Carta Magna mencionan la prohibición de realizar prácticas médicas en humanos; no es menor mencionar los artículos 58 y 59 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación al respecto:

ARTICULO 58.- Investigaciones en seres humanos. La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones, tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos:

  1. describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación;
  2. ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas;
  3. contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación;
  4. contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;
  5. estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga;
  6. contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable;
  7. no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación;
  8. resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal;
  9. asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a éstos y que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la que debe estar disponible cuando sea requerida;
  10. asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos.
  11. ARTICULO 59.- Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a:
  12. su estado de salud;
  13. el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
  14. los beneficios esperados del procedimiento;
  15. los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
  16. la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
  17. las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados;
  18. en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;
  19. el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.
    1. Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite.
    2. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario.
    3. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.

Desmembremos estos artículos;  el artículo 58 del Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra basado en la Declaración de Helsinki; el código de Núremberg; la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina; las Pautas Éticas CIOMS; la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; el Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas de la Organización Panamericana de la Salud y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Nacional mediante su artículo 75 inciso 22, al que hicimos referencia a nivel internacional.

El mencionado artículo menciona la investigación médica en seres humanos, se limita a este tipo de investigaciones, atentos al avance de la ciencia los métodos o tipos de investigación no están enumerados, dado que comprenden variantes de métodos, desde intervenciones, tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas y aquí resalto cuya eficacia o seguridad no está comprobado científicamente. El mencionado artículo menciona los requisitos previstos para dicho fin.

La Declaración de Helsinki que prevé: “La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas con la formación y calificaciones científicas apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la Salud competente y calificado apropiadamente.

La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la Salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento” (art. 16) (Texto conf. 59ª Asamblea General, Seúl, Page 2 of 4 Corea, octubre 2008).

El inciso c) del artículo en cuestión exige contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación, debiendo entonces éste constituirse y regularse. De esta manera, se institucionaliza en la órbita del derecho civil a los comités de ética de investigación, llamados a dar su aprobación previa a tales investigaciones. Además, el inciso exige que este comité esté acreditado, de modo que debe existir una instancia superior que haya aprobado su constitución.

Además, debe contar con la Autorización previa del organismo público correspondiente. En nuestro país, corresponde además la aprobación de los protocolos de investigación por los organismos descentralizados del Ministerio de Salud (ANMAT, INCUCAI).

Haciendo hincapié en el inciso e) requiere que medie una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga, conforme lo dispuesto en el punto 18 de la Declaración de Helsinki. El inciso f) exige contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico, recordemos que no se admite entonces el consentimiento por representación; de la persona que participa en la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; siendo dicho consentimiento revocable.

Estas exigencias se justifican por la complejidad de la materia atento a las aristas bioéticas que la envuelven. A su vez, la revocabilidad del consentimiento refuerza los derechos de los sujetos intervinientes al autorizarlos a retirarse de la investigación en cualquier momento del ensayo.

El inciso g) se funda en la Declaración de Helsinki que prevé: “En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses”. En similar sentido, el artículo 3.2 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; establece claramente que “Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad”, que significa esto que debe cumplir con el principio de que los avances en las investigaciones con seres humanos, no deben perjudicar ni poner en riesgo a la persona que participa en una investigación científica.

El inciso h) exige resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal, en consonancia con el artículo 2° incisos c) y d) de la ley 26.529 y del artículo 8° de la ley 25.326 de protección de datos personales. El inciso i) consagra el principio de no onerosidad para los sujetos de la investigación y privilegia los derechos del participante, estableciendo para el promotor de la investigación la obligación de asegurarle la atención médica pertinente y apropiada en todo momento no solo durante sino también una vez finalizada la investigación, cuando se trate de efectos adversos relacionados con ésta.

El inciso j) prevé la pauta de aprovechamiento compartido de los beneficios, contenida en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO cuyo artículo 15 transcribo “asistencia especial y duradera a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la actividad de investigación y reconocimiento de los mismos; y acceso a una atención médica de calidad”.

Indudablemente, los sujetos de investigación merecen que se le asegure el acceso al beneficio post-ensayo, pero la responsabilidad de esta garantía no puede recaer sobre el investigador, sino sobre quien se beneficiará de la patente del medicamento. (Lamm, Eleonora).

Volviendo al tema que nos atañe, queda suficientemente claro que no se puede obligar a la ciudadanía a vacunarse compulsivamente contra su voluntad, ya que está expresamente prohibido experimentar con seres humanos, con lo cual la vacuna contra el SARS-COV2 es de imposible aplicación masiva, ya que la misma se encuentra en fase experimental, aun no se conocen las consecuencias o perjuicios en la salud de aquellos que se vacunen, a largo plazo.

Requiere el consentimiento informado para actos de esta magnitud, con lo cual vulnera todos los derechos y garantías fundamentales inherentes a la persona humana.  Recordemos que el derecho a la vida prima por sobre todo y nadie puede ser privado de ella arbitrariamente, con lo cual entiendo que nadie está obligado a sacrificar su salud y su vida para cuidar o proteger la salud o la vida de otra persona, esto viene a colación ya que como nos quieren hacer creer,  que debemos protegernos para proteger a otra persona;  se entiende esto que cuando prima el bien común por el individual, nadie puede obligarte a vacunarte con esta vacuna aduciendo un interés común, ya que no estás obligado a perjudicarte en son del bien colectivo.

Cabe destacar un detalle, que no es menor, sería nulo de nulidad absoluta cualquier resolución ministerial cuyo fin sea obligar contra su voluntad a las personas a vacunarse con una vacuna experimental, por todo lo mencionado anteriormente.

En el próximo articulo mencionaré las estrategias legales que tenemos, los derechos plasmados en el ordenamiento jurídico que son herramientas que nos permiten defender los derechos de los ciudadanos ante la obligatoriedad de esta vacuna, para llevar tranquilad a la población mencionaré que nuestro código Civil y Comercial de la Nación en el  TITULO V – Otras fuentes de las obligaciones -CAPITULO 1 Responsabilidad civil SECCION 1ª Disposiciones generales

  1. ARTICULO 1708.- Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación.
  2. ARTICULO 1709.- Prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este Código y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación:

 las normas indisponibles de este Código y de la ley especial;

  1. la autonomía de la voluntad;
  2. las normas supletorias de la ley especial;
  3. las normas supletorias de este Código.

ARTICULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:

 evitar causar un daño no justificado;

  1. adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
  2. no agravar el daño, si ya se produjo.
  1. ARTICULO 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
  2. ARTICULO 1712.- Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño.
  3. ARTICULO 1713.- Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.

 Dentro del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación encontramos que a la responsabilidad civil se le asignan básicamente dos funciones, una clásica que es la resarcitoria y otra, que si bien no tan novedosa en cuanto a su reconocimiento por la doctrina y jurisprudencia, sí lo es en lo que respecta a su expresa regulación dentro del ordenamiento que rige el derecho privado argentino, que es la llamada función preventiva de daños.

Se estructura, así, la responsabilidad civil sobre una función esencial que cumple dentro del derecho en general, en cuanto demarcatoria de aquellas conductas que espera no sean realizadas por la ciudadanía, introduciendo en el cuerpo del Código Civil y Comercial deberes genéricos de conducta que mandan a no dañar como menciona el art.1716 del Código Civil y Comercial y a evitar causar un  daño como marca taxativamente el artículo  1710 del código de rito.

Luego, ante el incumplimiento de cada uno de los mismos surgirá sobre la cabeza de su autor la correspondiente obligación de reparar ese daño como menciona el artículo 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación y aquí la parte que más nos interesa; que pasa si nos obligan a colocarnos la vacuna podemos utilizar el artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación para prevenir que se ocasione un daño en concreto según el caso, a modo de sanción. De ahí que sea incorporada la responsabilidad civil dentro del nuevo código, específicamente, como una fuente de obligaciones.

En consecuencia, por ejemplo, ante el incumplimiento por una persona del deber de no dañar, esto es, en caso de causarle un daño a otro individuo, nacerá sobre la cabeza del autor la consiguiente obligación de reparar a aquél de conformidad con lo postulado por el Código Civil y Comercial, siempre y cuando se verifiquen los presupuestos de tal función, enumerados en los arts. 1716 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Ocurriendo lo propio con la función preventiva, en cuyo supuesto el deber es el contenido en el art. 1710 del código de rito, cuya violación se seguirá el surgimiento en cabeza de su responsable de una obligación de prevenir, cuyo contenido será similar, pudiendo incluso resultar determinado por el órgano judicial en caso de reclamarse ante los Tribunales, en la medida en que se verifiquen, nuevamente, los presupuestos exigidos normativamente, puntualmente en el art. 1711 del Código Civil y Comercial.

Surge entonces, sobre este marco, la duda relativa a la utilización que se ha hecho en torno de la función preventiva de daños del término “acción”, concretamente en el art. 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Ello así, especialmente, porque según la gran mayoría de autores se alude en dicha norma a la posibilidad con la que cuentan los particulares de acudir a la justicia en reclamo de aquello que es mandado por el propio deber genérico de prevenir; sin perjuicio de que algunos prefieran el término acción, mientras otros aludan, mas bien, al de pretensión, echando mano al efecto de los conceptos que sobre los mismos surgen de un campo científico tan especial como lo es del perteneciente al derecho procesal.

Lo cierto es que si se lee atentamente el art. 1711 del Código Civil y Comercial, en ningún momento se alude en el mismo a órgano judicial alguno. Simplemente dispone que “…la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución”.

Es decir, que se limita a enumerar cuáles son los presupuestos que deben darse en un caso concreto para hacer surgir lo que la propia norma denomina “acción preventiva” recordemos que este recurso no resuelve la cuestión de fondo, mucho se habló de la celeridad del proceso en cuanto a evitar de inmediato que se produzca el daño concreto.

Recordemos para redondear, no se trata ya de la acción judicial ni de la pretensión procesal sino de una etapa anterior, estrictamente sustancial, en la que de un deber genérico que cumple funciones puramente demarcatorias se pasa a una obligación específica y exigible.

BIBLIOGRAFIA

ALEJANDRO ALBERTO FIORENZA 18 de Octubre de 2017 www.saij.gob.ar Id SAIJ: DACF170423

WIERZBA, S. (2015). Disposiciones sobre la propia salud en el Código Unificado – Consentimiento informado y Directivas Anticipadas. En BERGEL, S.; FLAH, L.; HERRERA, M.; LAMM, E.; WIERZBA, S. Bioética en el Código Civil y Comercial (pp. 103-124). Buenos Aires: La Ley.

Lamm, Eleonora Abogada. Doctora en derecho y bioética, Universidad de Barcelona. Subdirectora de Derechos Humanos de la S. C. de Mendoza. Directora de la carrera de Bioética y Bioderecho de la Universidad de Mendoza.

Donato, Nora Adela Abogada, UBA. Directora General de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANMAT.

Constitución de la Nación Argentina.

Tratados Internacionales de jerarquía constitucional

Código Civil y Comercial de la Nación.

Quizás también te interese